For the past three decades, legislative approaches to prevent HIV transmission have been used at the national, state, and local levels. One punitive legislative approach has been enactment of laws that criminalize behaviors associated with HIV exposure (HIV-specific criminal laws). In the USA, HIV-specific criminal laws have largely been shaped by state laws. These laws impose criminal penalties on persons who know they have HIV and subsequently engage in certain behaviors, most commonly sexual activity without prior disclosure of HIV-positive serostatus. These laws have been subject to intense public debate. Using public health law research methods, data from the legal database WestlawNext© were analyzed to describe the prevalence and characteristics of laws that criminalize potential HIV exposure in the 50 states (plus the District of Columbia) and to examine the implications of these laws for public health practice. The first state laws were enacted in 1986; as of 2011 a total of 67 laws had been enacted in 33 states. By 1995, nearly two-thirds of all laws had been enacted; by 2000, 85 % of laws had been enacted; and since 2000, an additional 10 laws have been enacted. Twenty-four states require persons who are aware that they have HIV to disclose their status to sexual partners and 14 states require disclosure to needle-sharing partners. Twenty-five states criminalize one or more behaviors that pose a low or negligible risk for HIV transmission. Nearly two-thirds of states in the USA have legislation that criminalizes potential HIV exposure. Many of these laws criminalize behaviors that pose low or negligible risk for HIV transmission. The majority of laws were passed before studies showed that antiretroviral therapy (ART) reduces HIV transmission risk and most laws do not account for HIV prevention measures that reduce transmission risk, such as condom use, ART, or pre-exposure prophylaxis. States with HIV-specific criminal laws are encouraged to use the findings of this paper to re-examine those laws, assess the laws’ alignment with current evidence regarding HIV transmission risk, and consider whether the laws are the best vehicle to achieve their intended purposes.
Durante las últimas tres décadas, se han utilizado a nivel nacional, estatal y local enfoques legislativos para prevenir la transmisión del VIH. Un enfoque legislativo punitivo ha sido la promulgación de leyes que criminalizan conductas asociadas a la exposición al VIH (leyes criminales específicamente relacionadas con el VIH). En los Estados Unidos, las leyes criminales específicamente relacionadas con el VIH han sido en gran medida influenciadas por leyes estatales. Estas leyes imponen sanciones criminales a las personas que saben que tienen el VIH y posteriormente participan en ciertos comportamientos o conductas, frecuentemente la actividades sexuales, sin la divulgación previa del estado serológico del VIH. Estas leyes han sido objeto de un intenso debate público. Utilizando métodos de investigación de la ley de salud pública, datos obtenidos de la base de datos legal WestlawNext© fueron analizados para describir la prevalencia y las características de las leyes que criminalizan la posible exposición al VIH en los 50 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia y examinar las implicaciones de estas leyes en la práctica de salud pública. Las primeras leyes estatales fueron promulgadas en 1986; para el año 2011, un total de 67 leyes se habían promulgado en 33 estados. Para el año 1995, casi dos tercios de todas las leyes habían sido aprobadas; para el año 2000, el 85 % de las leyes habían sido aprobadas; y desde el año 2000, se han aprobado otras 10 leyes adicionales. Veinticuatro estados requieren que las personas que saben que tienen el VIH revelen su condición a sus parejas sexuales y 14 estados requieren divulgación de la condición del VIH a las parejas con quien comparten agujas. Veinticinco estados criminalizan uno o más comportamientos que representan un riesgo bajo o insignificante para la transmisión del VIH. Casi dos tercios de los estados de los Estados Unidos han promulgado legislación que criminalizan la posible exposición al VIH. Muchas de estas leyes penalizan conductas que representan un riesgo bajo o insignificante para la transmisión del VIH. La mayoría de estas leyes se aprobaron antes de que investigaciones conducidas demostraran que la terapia antirretroviral (ART, por sus siglas en inglés) reduce el riesgo de transmisión del VIH y la mayoría no toman en consideración medidas de prevención que reducen el riesgo de transmisión del VIH, tales como el uso del condón, ART, o la profilaxis pre-exposición (PrEP). Se exhorta a los estados que han aprobado leyes criminales específicamente relacionadas con el VIH a utilizar los hallazgos de este trabajo para reexaminar las leyes vigentes, evaluar la alineación de las leyes con la evidencia actual con respecto al riesgo de transmisión del VIH, y considerar si estas leyes son el mejor vehículo para lograr los fines previstos.