Las cuotas de género consisten en un tipo de acción afirmativa, y esta corresponde a un modelo de igualdad de resultados, que es uno de tres modelos de igualdad, junto con la igualdad formal de recursos y la igualdad de oportunidades. Por ello, correspondiendo a un modelo de igualdad, no puede considerarse, en abstracto, que las cuotas constituyan una discriminación arbitraria y sean inconstitucionales. Tampoco constituyen una discriminación arbitraria porque tienen fundamento: aminorar la brecha estructural entre hombres y mujeres. Existe evidencia contundente que demuestra que las cuotas son indispensables para corregir esa brecha a nivel de representación parlamentaria. Finalmente, la situación de la mujer corresponde a lo que se denomina discriminación indirecta. Si aceptamos que el principio de igualdad obliga a combatir -en vez de tolerar- la discriminación indirecta y consideramos que las cuotas de género atacan dicha discriminación, entonces es posible justificar un imperativo constitucional de instituir cuotas de género. Existen también otros principios constitucionales que avalan el mismo imperativo.
Gender quotas are a kind of affirmative action and this corresponds to a model of equality of results, which is one of three models of equality, along with formal equality of resources and equality of opportunities. Therefore, corresponding to a model of equality, quotas cannot be considered, in abstract, an arbitrary discrimination and thus, unconstitutional. Neither are they arbitrary discrimination because they are based on reasons: to reduce the structural gap between men and women. There is abundant evidence proving that quotas are indispensable to correct that gap pertaining to congressional representation. Finally, the situation of women corresponds to what is called indirect discrimination. If we agree that the principle of equality requires addressing -rather than tolerating- indirect discrimination, and provided that gender quotas attack that sort of discrimination, it is possible to justify a constitutional imperative to establish quotas. There are, also, other constitutional principles to sustain the same imperative.