El artículo cuestiona el quehacer de la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito para modificar las prácticas autoritarias que han caracterizado la labor de ministerios públicos y jueces penales por muchos años. Se analiza la construcción jurisprudencial del derecho constitucional del inculpado a contar con una "adecuada defensa". En primer término, se revisa el nivel de eficacia del derecho a la defensa en las agencias del Ministerio Público y los juzgados penales. En la segunda parte, se realiza un estudio cuantitativo y cualitativo de las tesis aisladas y jurisprudenciales de la Novena Época en esta materia. Dicho estudio nos permite concluir que las nuevas coordenadas democráticas del país no han impactado de forma cabal la manera como estos jueces conciben su papel y su función. Este es el mayor desafío que tiene enfrente el Poder Judicial federal. No hay nada más difícil de lograr, en términos de una reforma judicial, que modificar la mentalidad de los jueces y el método para argumentar sus decisiones.
This article questions the task of the Supreme Court and the federal circuit courts to modify the authoritarian practices that have characterized the labors of the public prosecutor and criminal judges for several years. It is analyzed the constitutional precedents of the constitutional right to a "due defense". In fist term, it is analyzed, with the available statistics data, the level of efficiency of the right to a defense in the agency of the Public Prosecutor and in the criminal courts. In the second part, it is carried out a quantitative and qualitative study of precedents andjurisprudence. These study allows us to conclude that the new democratic coordinates in the country have not impact the way these judges conceive their paper and function. This is the grea test challenge of the Federal Judicial Power. There is nothing more difficult to obtain, in terms of a judicial reform, than to modify the mentality of the judges and the method to argue their decisions.