Aspectos conceptuales en torno a la seguridad alimentaria y nutricional (SAN)
La seguridad alimentaria en el ámbito de un país es un concepto que establece que “todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana” (FAO 2019).
La misma se compone de cuatro dimensiones fundamentales: la disponibilidad, el acceso, el consumo y la utilización, y la estabilidad en el tiempo de las tres anteriores (FAO 2019).
La disponibilidad de alimentos se refiere a su producción, sus importaciones, su almacenamiento y la ayuda alimentaria que reciba el país. Para estimarla, deben deducirse las pérdidas post cosecha y las exportaciones.
El acceso puede ser físico y económico. La falta de acceso físico se refiere a la no disponibilidad de alimentos en cantidad suficiente allí donde se necesita consumirlos. El acceso económico se vincula con la disponibilidad de ingresos de las personas para alimentarse con regularidad, calidad y dignidad, acorde al nivel de precios de los alimentos.
El consumo implica que las provisiones alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias. También considera elementos como la inocuidad, la dignidad, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar. La inocuidad comprende los riesgos asociados a la alimentación que pueden impactar en la salud de las personas, tanto de tipo natural como originados por contaminaciones, patógenos o que puedan aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus, entre otras.
La utilización se refiere a la utilización biológica y está vinculada con el estado nutricional como resultado del uso individual de los alimentos (ingestión, absorción y utilización) y el estado de salud.
Todos los componentes de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) son igualmente importantes y ninguno de ellos por sí solo es suficiente para garantizarla, sino que se necesita una conjugación de todos ellos en pos de sus objetivos.
Medidas y desafíos recientes para la seguridad alimentaria en Cuba
Aun cuando, en términos generales, Cuba exhibe indicadores promedio de consumo aparente diario de alimentos satisfactorios, con relación a las recomendaciones nutricionales, estos resultados no reflejan la complejidad de la problemática de la alimentación, que constituye un motivo de constante preocupación para muchas familias cubanas. Varios trabajos previos fundamentan tal afirmación (ver García y Anaya 2007, 2014; Anaya y García 2018a , 2018b, 2019).
La crisis internacional, desencadenada a finales de 2019 por el azote de la pandemia de la COVID-19, ha generado un desafío mayor en el país en cuanto a seguridad alimentaria se refiere. La pérdida de ingresos externos a causa de la caída de las exportaciones, sobre todo del turismo internacional por el necesario cierre de fronteras, ha puesto en tensión la importación de alimentos.
La fragilidad del tejido productivo nacional para satisfacer los requerimientos nutricionales de la población cubana, se ha exacerbado, a causa de la carencia de insumos importados para garantizar las producciones domésticas. La vulnerabilidad que imprime la secular dependencia importadora para satisfacer las necesidades de alimentos y hacer frente a su producción doméstica ha aflorado con fuerza. Durante meses, se ha asistido a un desabastecimiento crónico en los diferentes espacios de mercado, que ha derivado en incrementos de precios y en acaparamientos con fines de garantizar consumos futuros o para alimentar el mercado negro.
El azote de la pandemia ha puesto de manifiesto, además, el atraso del sistema de comercialización (que trata de actualizarse aceleradamente, pero con muchos desafíos a través de las compras on-line), la necesidad de repensar y modernizar nuestras redes de protección social, y de actualizar los registros de consumidores, así como la insostenibilidad de un modelo de consumo basado en las importaciones de alimentos y de insumos para su producción.
La demanda al interior de los hogares se incrementó en los meses de confinamiento, a la vez que el acceso económico se resquebrajó, tomando en cuenta el incremento de precios ante la escasez de oferta y la disminución de los ingresos, sobre todo de las personas que quedaron interruptas 2 o sin vínculo laboral.
Algunas de las acciones acometidas durante estos dos últimos años han sido las siguientes:
enfatizar en el programa de autoabastecimiento municipal;
aumentar la siembra, la producción y el acopio de productos con mayor demanda en la red de mercados agropecuarios;
mantener y ampliar en lo posible las producciones del sector agropecuario con destino a la exportación;
priorizar la siembra de cultivos de ciclo corto en la campaña de primavera;
monitorear y evaluar las posibles afectaciones que la COVID-19 pueda generar en las fuerzas laborales del sector y proveer de fuerza de trabajo a las entidades agropecuarias a nivel de municipio, con el fin de que no se generen disrupciones en la producción;
consolidar la comercialización y contratación de las producciones;
reactivar los polos productivos y ampliar el área bajo riego;
explotar la contribución que puede realizar el sector cañero-azucarero en la producción de alimentos, especialmente mediante la siembra de cultivos varios y la crianza de cerdos y de otros animales;
realizar una mayor diversificación de las empresas muy especializadas como, por ejemplo, las arroceras, que incorporan la cría de ganado mayor y menor, factibles de alimentar a partir de la utilización de los subproductos de la cosecha del grano y otras producciones propias;
respaldar desde la política crediticia a las actividades que garantizan la alimentación en tiempos de COVID-19: el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) disminuyó las tasas de interés a las unidades productoras y a los agricultores que soliciten financiamientos para generar alimentos;
distribuir alimentos adicionales a los de la canasta racionada (a precios de mercado) a través de la libreta de abastecimientos, buscando mejor distribución de la escasa oferta; cuando las disponibilidades lo permiten, se dirigen a toda la población, y, cuando no, a grupos vulnerables como niños y adultos mayores;
introducir el comercio de alimentos en línea a través de las plataformas www.tuenvio.cu y enzona.xetid.cu.
Grupos de trabajo, que interactúan de manera directa con las máximas autoridades del país, se encaminan a impulsar la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Soberanía Alimentaria y Nutricional con el propósito de acelerar el proceso de innovación en las cadenas de valor de alimentos. Se desea introducir de manera expedita las soluciones diseñadas por los centros de la investigación científica en la esfera de la alimentación, así como las buenas prácticas de personas que producen y que ello se traduzca en una mejoría palpable del bienestar de la población (Martínez-Hernández 2020).
En medio de este panorama, el gobierno aprobó en el mes de julio de 2020 una nueva Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19. Uno de los pilares de esta estrategia es justamente la producción nacional de alimentos.
Siguiendo con el análisis cronológico, a partir de abril de 2021, entraron en vigor 63 medidas para potenciar la producción de alimentos e incrementar a través de estas la oferta a la población. Las medidas plantean transformaciones en las siguientes dimensiones:
costos (a partir de la rebaja de las tarifas de servicios básicos como electricidad, agua y otros específicos, según la actividad, y la reducción de precios de algunos insumos 3 );
precios de compra a productores/as (ej. preferenciales para el arroz, duales para algunas viandas y hortalizas, mayores para la leche);
comercialización (autorización de la venta liberada en mercados agropecuarios de determinados productos como carne de vacuno y leche; posibilidad de acceder a los mercados en moneda libremente convertible (MLC) y al turismo)
financiamiento (ej. reorientar en el presupuesto los fondos de fomento para estimular el crecimiento de las producciones; incrementar y diversificar los servicios del seguro)
estructura del sistema cooperativo (incluye la extinción o fusión de las cooperativas sin posibilidad de recuperar su rentabilidad)
programas de desarrollo local (entre productores y cooperativas para desarrollar actividades que incrementen el valor agregado de las producciones primarias, generar ofertas de servicios y gestionar la comercialización)
Como parte de las políticas implementadas, debe destacarse que en julio de 2020 también quedó aprobado un Plan SAN (Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional) (Plan SAN 2020) para Cuba, en cuya concepción participaron varios organismos nacionales y agencias internacionales bajo la conducción del Ministerio de Agricultura (MINAG).
El documento incluye la metodología y el marco conceptual al que se apega la propuesta, y, en este último se declara que el concepto de Soberanía Alimentaria a adoptar por Cuba es:
“La capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y de dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo al reducir la dependencia de medios e insumos externos, con respeto a la diversidad cultural y responsabilidad ambiental” (MINAG 2020: 10)
Es destacable que el documento se apega al concepto de Soberanía alimentaria, el cual trasciende al de seguridad al incorporar, según la conceptualización reconocida internacionalmente, 4 los siguientes criterios:
priorizar la producción agrícola local, el acceso de los/as campesinos/as a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito;
el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a decidir lo que quieren consumir, cómo y quién lo produce;
el derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas;
precios agrícolas ligados a los costos de producción;
la participación de los pueblos en la definición de política agraria;
el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.
La conceptualización elaborada para Cuba no debe obviar ninguna de estas premisas de la soberanía alimentaria, muy en particular lo referente al acceso de los/as campesinos/as a insumos fundamentales y la protección de la producción nacional frente a las importaciones baratas.
El Plan incorpora dimensiones que resultan transversales a todo el análisis, como género y dinámica demográfica. Más recientemente, fue aprobada por la Asamblea Nacional la Ley de Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria y Nutricional.
Evolución de la SAN. Análisis por componentes. Comparación con períodos anteriores
Disponibilidad
Para evaluar la disponibilidad de alimentos en el país, se contaba hasta el año 2008 con la publicación “Consumo de alimentos” de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (ONE 2009). En ella se valora cuál es la contribución al consumo aparente de alimentos 5 en términos de macro y micronutrientes por persona al día de las distintas vías de distribución de los mismos, y se contrasta con las recomendaciones nutricionales para la población cubana.
Analizando los dos componentes básicos de la disponibilidad (producción nacional e importaciones), se aprecia que la producción agropecuaria logra un crecimiento medio anual de 2,7% entre 2006 y 2018; sin embargo, el sector está lejos de haber recuperado su nivel de finales de los 80: el valor agregado agropecuario de 2018 fue apenas 69% del correspondiente a 1989. La producción ha manifestado un comportamiento inestable entre 2016 y 2018, y un franco deterioro en 2019 y 2020.
Las disminuciones más sensibles se observan en cereales como el arroz y el maíz, en los frijoles, los vegetales y los productos de la ganadería vacuna, representados por la leche de vaca y la carne de res, así como la carne de cerdo (ver tabla 1).
Principales producciones agropecuarias y su variación en períodos
Fuente: elaboración propia a partir de ONEI (2018 y 2021).
Durante este período han confluido diversos factores que han incidido en esta dinámica: desde los recurrentes eventos climatológicos, alternándose sequías, lluvias excesivas y extemporáneas, así como el azote de huracanes como Irma; hasta una notable contracción de los insumos importados que sostienen parte de la producción nacional, como es el caso de cereales y otras materias primas para la alimentación animal, fertilizantes y plaguicidas, lo que ha afectado los rendimientos agrícolas y pecuarios.
A partir de 2019 se refuerzan las agresiones de Estados Unidos hacia Cuba en las áreas económica, comercial y financiera, las cuales tienen un impacto considerable en la capacidad de obtención de divisas del país y, por tanto, en el financiamiento de los insumos e inversiones necesarios al sector. En 2020, a estas crecientes agresiones, se suma el embate de la pandemia de COVID-19, con sus perniciosas consecuencias, no solo para Cuba, sino para la economía global. El resultado combinado de estos hechos sobre un sector agropecuario con un comportamiento volátil y aún deprimido, ha sido su ulterior deterioro.
Por su parte, las importaciones de alimentos experimentan sensibles contracciones (ver tabla 2). Los desequilibrios en el sector externo cubano, que ya en 2019 no permitían sostener estas importaciones, se agudizan en 2020 por los efectos de la pandemia de COVID-19 y la necesaria restricción al desempeño económico en pos de su contención.
La conjunción de las caídas en la producción doméstica y en las importaciones de alimentos directos para consumo, permiten afirmar que la disponibilidad de alimentos estimada, en términos de energía y proteínas ha mermado en 14% entre 2016 y 2020.
Como no existen cifras oficiales sobre el consumo aparente de alimentos con posterioridad a 2008, se ha estimado una disponibilidad a partir de la información referida a la producción doméstica y las importaciones. Se han deducido las mermas correspondientes a distribución, porción no comestible y cocción, según los índices utilizados en la planificación nacional. También se descuentan las exportaciones (incluido lo destinado al turismo). Los resultados se muestran en la figura 1.
Consumo aparente de alimentos de la población cubana.
Fuente: : elaboración propia a partir de ONE (varios años, Consumo de alimentos y Anuarios Estadísticos de Cuba) y ONEI (varios años, Anuarios Estadísticos de Cuba) y INHA-MINSAP (2008).
En base a estos estimados para la época más reciente, a partir de 2008 se aprecia una tendencia a la contracción en términos de disponibilidad de energía y proteínas que afecta la seguridad alimentaria en uno de sus componentes. En el caso de las proteínas, lo disponible se ha mantenido oscilando alrededor de los requerimientos.
Por otra parte, esta disponibilidad está sustentada en una significativa proporción de importaciones de alimentos, que se incrementó considerablemente en 2020 (ver figura 2).
Contribución de la producción nacional y las importaciones al consumo aparente de alimentos en Cuba.
Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI (2018 y 2021).
La dependencia es superior en el caso de las proteínas y las grasas. Las compras externas anuales de alimentos rondan los dos mil millones de dólares como promedio. 6 Se estima que casi la mitad de ellas podrían ser sustituidas con producción doméstica. Aunque existe un énfasis marcado por lograr este propósito desde 2008, los progresos obtenidos en esta década no son los necesarios.
Acceso a los alimentos. Estructura del gasto familiar
En cuanto al acceso físico, no siempre se logra una presencia de alimentos en los mercados que garantice la plena satisfacción de las demandas y necesidades nutricionales de la población en todo momento. Este hecho está condicionado por varios factores: la estacionalidad de la producción nacional (según Pacheco y otros (2018), 70% de las cosechas se obtiene en los meses de invierno); la falta de una adecuada infraestructura para el almacenamiento, conservación y procesamiento de estos productos en aras de mantener una oferta sistemática durante el año; y otros aspectos ya comentados en el epígrafe anterior como, por ejemplo, los recortes a la importación de alimentos. El acceso en los dos últimos años, se ha complejizado aún más, ante el desabastecimiento crónico en los diferentes mercados.
En cuanto al acceso económico, han ocurrido transformaciones importantes en estos dos últimos años. Se mantiene el consumo racionado 7 que garantiza un nivel de acceso tanto físico como económico a un grupo de alimentos. Hasta 2020, estos productos exhibían un alto nivel de subsidio. En 2021, como parte del ordenamiento monetario, se levanta esta subvención y se mantiene solo para algunos productos destinados a niños, embarazadas y dietas médicas. El costo mensual de los alimentos normados por persona pasó de aproximadamente 25 CUP a cerca de 230 CUP. 8 No obstante, el incremento del costo de la canasta normada se contempló en la Canasta Básica de Referencia a la cual se indexaron los nuevos salarios y pensiones, por lo que se mantiene asequible.
El consumo normado provee cantidades que logran cubrir las recomendaciones nutricionales para la población menor de 7 años de edad. Sin embargo, a través de ellas no se garantiza la necesaria diversidad en la dieta. En particular no aportan alimentos ricos en fibra dietética, así como tampoco frutas y vegetales frescos. En el caso de la población de 7 años de edad en adelante, satisface alrededor 45% de las recomendaciones energéticas, 40% de las proteicas y una cuarta parte de las de grasas. En particular, el grupo poblacional de 14 a 60 años es el que menores contribuciones recibe (apenas 36% de la recomendación energética, 24% de la proteica y 18% de la de grasas). 9 En estos casos se mantiene el problema de la poca diversidad.
De acuerdo a los ingresos, existen grupos en desventaja para el acceso. Entre ellos los beneficiarios de la asistencia social, los jubilados y los trabajadores que devenguen un salario mínimo, y que no cuenten con otra fuente adicional de ingresos. Esta problemática puede tener mayor incidencia entre las mujeres jefas de hogar y madres solas, dependientes únicamente de sus salarios o de la asistencia social, y que no dispongan de una red de apoyo familiar.
En Cuba se realizan encuestas sobre la situación económica de los hogares de manera sistemática; sin embargo, esta información no es de dominio público. Por esa razón, García y Anaya se han acercado a la problemática en varios estudios (2007, 2014; Anaya y Garcia 2018a, 2018b, 2019). Para evaluar los efectos combinados de todos los sucesos antes referidos en cuanto al acceso de la población a los alimentos, se ha empleado en este informe la misma metodología.
La estimación realizada se basa en la construcción de un presupuesto de gastos básicos para un hogar de tres personas 10 y para un mes. La composición sociodemográfica de un hogar de tres personas puede variar, por lo que se han tomado en cuenta algunas de las posibles estructuras: dos adultos en edad laboral y un anciano (pensionado y/o sin pensión); un adulto en edad laboral, un menor y un anciano (pensionado y/o sin pensión); dos adultos en edad laboral y un menor. Estas composiciones familiares resultan en distintos gastos de alimentación, en virtud de los accesos diferenciados a fuentes subsidiadas, e implican diferentes magnitudes de ingresos del hogar.
En la tabla 3 se muestra el contraste entre los gastos estimados en alimentación per cápita y los montos de los salarios y pensiones mínimos. 11 Se trabaja con las mismas dos variantes de consumo de alimentos:
Gastos de consumo (per cápita mensual) en 2021 y su comparación con salarios y pensiones mínimos (en CUP)
Fuente: elaboración propia.
Una “variante básica”, que completa el surtido y los gastos de alimentación más allá de lo que provee el racionamiento y otros canales de distribución de alimentos (que aún cuentan con subsidio), a partir de compras en espacios mercantiles (mercados agropecuarios, en MLC, en CUP, formales e informales). Dichas compras se limitan a productos que forman parte de la alimentación tradicional de la población cubana, como arroz, frijoles, viandas y carne de cerdo.
La “variante mejorada”, que toma en cuenta para el completamiento de la alimentación no solo productos de la dieta considerada tradicional, sino que agrega otros que le imprimen mayor calidad y variedad a la dieta. Tal es el caso de la incorporación del consumo de 400 gramos de frutas y vegetales diarios (según recomendación de OMS (2018), 12 así como de un vaso de leche, carne de ave y aceite vegetal.
El completamiento se refiere a incorporar las cantidades necesarias de alimentos para llegar al nivel de consumo aparente de alimentos (en términos de energía) estimado por las autoras para el año 2020 y para completar un consumo equivalente a la recomendación nutricional para la población cubana (también en términos de energía).
Los precios considerados para calcular el costo de estas variantes fueron: para los productos normados, los vigentes tras el ordenamiento; para el resto, 13 los mínimos para La Habana declarados en la publicación “Índice de precios al consumidor”, noviembre de 2021 (ver ONEI 2022).
Lo primero que llama la atención de la información recogida en la tabla 3 es que ni los salarios ni las pensiones mínimas correspondientes al año 2021 resultaban suficientes para acceder a los gastos de alimentación correspondientes a la variante básica y un consumo medio calórico de unas 3100 kcal diarias (estimado a partir de la disponibilidad de alimentos en 2020). Mucho menos para acceder a la variante mejorada, que significa realizar gastos adicionales por persona de entre 600 y 700 CUP mensuales por encima de la variante básica.
Si se toma como referencia un consumo de alimentos más modesto, que corresponda con las recomendaciones nutricionales para la población cubana (de 2300 kcal), los salarios mínimos permiten acceder a la variante básica, y la pensión mínima enfrenta dificultades para acceder a una dieta con ese contenido energético. Ninguna de las dos prestaciones resulta suficiente para acceder a la variante mejorada.
La comparación realizada enfrenta el gasto y un ingreso de determinada magnitud per cápita. Si hay que mantener a partir de ese ingreso a otra persona dependiente (ya sea menor o mayor), la situación se torna mucho más restrictiva.
En la tabla 3 se ha incorporado un estimado del gasto total de bienes y servicios, partiendo de considerar los gastos en alimentación en ambas variantes. Además, se incorporan a la canasta de consumo: servicios básicos (electricidad, agua y saneamiento, gas manufacturado y transporte); ropa y calzado; medicamentos y productos de higiene y aseo. No se incluyen entre esos gastos ni los servicios de educación ni los de salud, por tratarse de servicios que brinda el Estado de manera universal y gratuita; ni el alquiler de la vivienda, pues la mayoría de la población habita en viviendas propias. Los precios empleados para la estimación fueron:
En el caso de los servicios básicos, las tarifas establecidas por el Estado.
Para la ropa y el calzado: precios aproximados vigentes en la red de tiendas en MLC, convertidos a un tipo de cambio informal de 75 CUP por MLC.
Para los medicamentos, se empleó la venta minorista per cápita de 2018 (última información disponible), considerando un incremento de precios del 300% (o sea, se cuadruplican).
Para higiene y aseo, una combinación entre los precios del consumo normado (para algunos productos que se expenden por esta vía como jabón de lavar, de baño y pasta dental); los precios en mercados liberados en CUP y en MLC.
Siguiendo en el análisis de la Tabla 3, se aprecia que para 2021 salarios y pensiones mínimas resultaban insuficientes para adquirir la canasta de bienes y servicios básicos construida. El déficit según composición de hogar se sitúa entre 5000 y 7000 pesos en la variante básica, y entre 7000 y 10000 en la variante mejorada.
En 2021, para asumir la canasta básica de bienes y servicios construida por las autoras, se requieren por hogar de tres personas, cinco salarios mínimos, en el caso de la variante básica de consumo de alimentos y 6, en el caso de la mejorada; tomando como referencia el consumo aparente estimado.
Con relación a la estructura de los gastos de consumo estimados, se observa una estabilidad en la alta proporción que representan los alimentos, que rebasa el 70% para un consumo equivalente al aparente estimado para cada año estudiado y se mueve entre 55% y 65% la recomendación promedio considerada para un consumo equivalente. Tales proporciones se consideran elevadas y características de economías de un bajo nivel de desarrollo, además de que ponen en una situación de tensión a las economías de las familias cubanas.
Reflexiones finales
La alimentación es una necesidad básica del ser humano. Una incorrecta alimentación deriva en afectaciones a la salud, por lo tanto, no es un asunto postergable. A pesar de las múltiples políticas implementadas a través de los años, en especial dentro del proceso de actualización, la necesaria mejora no se manifiesta.
La disponibilidad ha menguado a partir de la contracción de la producción nacional, lo que no ha sido compensado con incrementos de las importaciones. El acceso se ve afectado por la disminución de la disponibilidad y por el incremento de los precios de los alimentos en los diferentes espacios de mercado, en un contexto de heterogeneidad de ingresos.
La nueva estrategia aprobada en julio de 2020 se enfoca principalmente en la producción de alimentos y, al menos el documento que muestra la síntesis, no incorpora la visión de seguridad alimentaria y sus cuatro componentes, ni el enfoque de cadena de valor tan útil para garantizar un proceso sistémico. Las propuestas son recurrentes en momentos de crisis y versan sobre: la garantía de un número de libras per cápita de determinados alimentos, la producción de rubros de ciclo corto, y, en el caso de los cárnicos la producción de extensores, entre las que más se repiten.
Sin embargo, y con el propósito de no reiterar resultados de trabajos anteriormente publicados, solo apuntaremos que se mantienen las inconsistencias señaladas anteriormente, con relación a aspectos como: la prioridad asignada y los resultados alcanzados, la secuencialidad requerida y, la necesaria intersectorialidad que lleva este asunto.
Se considera que la seguridad alimentaria debe ser estratégica dentro de la estrategia. Es la base del éxito de muchas otras políticas económicas y sociales, dado que es, como se ha dicho antes, una necesidad elemental del ser humano, a cuya satisfacción no puede renunciar.
Por demás, las afectaciones causadas por la COVID-19 en la economía doméstica que se han traducido en una menguada oferta de bienes y servicios, en especial de alimentos, y algunas medidas económicas como la apertura de una red de tiendas en MLC donde se expenden productos básicos necesarios que complementan las necesidades nutricionales, así como el ordenamiento monetario, han lacerado aún más el acceso. Se estima que la conjunción de todos estos factores, han provocado una mayor heterogeneización del consumo, dejando a grupos de la población desprotegidos debido a la incapacidad de sus ingresos de cubrir una canasta básica de consumo.
En particular, se precisa de la creación de un espacio de coordinación de todos los organismos e instituciones que respalden y evalúen la seguridad alimentaria en Cuba, de modo que esta cuestión se analice y proyecte de manera integral. El Plan SAN tiene este asunto entre sus propósitos, pero hay que insistir en que el alcance debe ser más amplio, así como de mayor jerarquía la atención a este estratégico propósito. Esta temática no es únicamente responsabilidad del Ministerio de Agricultura y otros organismos vinculados a la producción de alimentos. Entre las instituciones vinculadas se encuentran, además:
Los organismos que dictan políticas macroeconómicas (MEP, MFP, BCC)
Los organismos relacionados con el comercio de alimentos (MINCIN y MINCEX)
Los organismos e instituciones que evalúan cómo se consumen y utilizan los alimentos (MINSAP, INHA)
Igualmente, debería diseñarse un sistema de señales e incentivos en pos de respaldar el objetivo de una mayor seguridad alimentaria en todas sus dimensiones. Es preciso trascender los indicadores de volumen de producción per cápita. Abordar la provisión de alimentos a la población con enfoque de seguridad alimentaria significa no centrarse únicamente en producir grandes cantidades de alimentos, si no atender a qué alimentos se están produciendo, con qué aceptación cuentan y, cuán inocuos y nutritivos pueden ser.
Finalmente, se desea enfatizar que todos los elementos relacionados con la seguridad alimentaria deben considerarse como de seguridad nacional, y constituyen un factor esencial de las condiciones de vida de la población que debe ser mejorado con inmediatez.